La batalla que se libra en el Congreso, para evitar que el Ejecutivo tenga el control total del Presupuesto del estado es una batalla por la separación del poder y por el estado de derecho.
En dos platos, el Ejecutivo quiere tener la facultad de hacer transferencias a su sabor y antojo, independientemente del Presupuesto que, según la Constitución, le corresponde aprobar, modificar o improbar al Legislativo.
El Congreso de la República tiene dos funciones importantes fundamentales: legislar y fiscalizar; y en esta segunda dirección, las labores de aprobar, modificar o improbar el Presupuesto que le presenta el Ejecutivo, tiene que ver con la separación del poder. Este principio evita la concentracion del poder en un sólo grupo y es uno de los fundamentos del estado de derecho.
Si el partido de gobierno y sus diputados se alzan con la facultad de mover transferencias según sus necesidades políticas, le quitarán al Congreso de la República la facultad de controlar el Presupuesto que el Ejecutivo le somete a consideración. Y si así fuera, ¿de qué serviría, del todo, enviar el presupuesto? Sin los llamados candados, el Presupuesto quedará a merced de las decisiones arbitrarias de la administración.
