La Corte de Constitucionalidad les enmendó la plana a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal y al Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, y anuló la sentencia de 80 años de prisión emitida por los integrantes de esa instancia el 10 de mayo contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, y ordenó la suspensión provisional del debate.
El acusado denunció que el tribunal no tramitó las recusaciones contra los citados jueces, Yassmín Barrios y Pablo Xitumul, y que no cumplió con suspender el debate como lo ordenaron los magistrados de la Sala Tercera. La CC le dio la razón y anuló todo lo actuado en el juicio a partir del 19 de abril de 2013, fecha en la que los juzgadores fueron notificados de las anteriores resoluciones.
La Corte de Constitucionalidad actuó en defensa de las garantías del debido proceso, que algunos comentaristas han despreciado calificándolas de asuntos puramente formales. Entiendo que a causa del excesivo formalismo de los procedimientos chapines -enraízados en el formalismo romano- ocasionen rechazo; pero ese formalismo obsesivo no debe ser confundido con el respeto que se debe tener por las garantías procesales, o por los derechos individuales. Las garantías del debido proceso legal aseguran que se cumpla el principio de que los gobiernos debe respetar todos los derechos legales que poseen las personas. El del debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. ¡Tirios y troyanos deberíamos defender el debido proceso y sus garantías! Tirios y troyanos podríamos ser víctimas de procedimientos ilegales y arbitrarios con demasiada facilidad e impunidad si como sociedad no nos comprometiéramos con aquellas garantías igualmente para todos. Sin excepciones.
El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo violó aquellas garantías en el caso de supuesto genocidio y el que al cielo escupe, a la cara le regresa. El tribunal se arriesgó a cometer aquellos abusos e ilegalidades, ¿por arrogancia?, ¿porque creyó que podía?, ¿porque el rédito político derivado del fallo sería igual de útil con anulación, o sin ella?
El Tribunal tenía a embajadores, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, Prensa, exguerrilla y a otros grupos clamando por una sentencia rápida y condenatoria. Se sintió apoyado y se sintió poderoso. Si aquellos con nosotros, ¿quién contra nosotros? deben haber pensado los jueces. Deben haber pensado que tenían un cheque en blanco y que podrían salirse con la suya. ¡Pero ahí está que no!, a pesar de la complicidad de los magistrados Mauro Chácón, electo por la Universidad de San Carlos; y Gloria Porras, electa por la administración de Los Colom/Espada.
No todo está perdido para los promotores del genocidio. Pablo De Greiff, relator de la ONU, dijo que no hay decisión legal que sea inconsecuente, aún si es revocada, algo se gana o se pierde con las decisiones de un sistema judicial. La exguerrilla y sus corifeos ya consiguieron titulares en todo el mundo y van a capitalizar su pequeño éxito hasta donde les sea posible. Van a usar la palabra genocidio con más ligereza que la que han estado usando hasta ahora. Van a acusar y van a incrementar los decibeles. Van a distraer la atención y van a somatar mesas. Los mas imprudentes entre ellos ¿van a acudir a la violencia? Por ejemplo, el Frente Nacional de Lucha puso en Facebook: Luego, no se quejen que haya otras justicias, más pintas en los muros y calles y caminos tomados…no dejan otros caminos. La lucha sigue.
…Si. Lamentablemente van a seguir en su lucha. ¿A cualquier costo, como la última vez?
