Simón Pak, un experto en análisis comercial, fuga de capitales y en sobre y subvaloración de precios -que trajo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales- expuso que hay operaciones sospechosas en el comercio y ofreció que, en un mes tendrá un estudio más amplio. El ICEFI considera que entre la evasión fiscal con el comercio y otras actividades, subsidios y otros beneficios, los políticos y sus burócratas dejan de percibir cerca de 13 por ciento del Producto Interno Bruto, o sea poco más de Q35 mil millones al año.
Yo digo que, en realidad, lo que pasa es que siendo que el comercio internacional es intercambio pacífico y voluntario entre personas (y no entre estados), lo que ocurre es que bastante de esos Q35 millones son rescatados por sus legítimos propietarios, que evitan que vayan a parar a manos de políticos y funcionarios que los tomarían por la fuerza y los usarían para repartir entre su clientela, o para quedárselas ellos mismos.
Pak, los miembros del ICEFI y sus patrocinadores deberían ver la película Iron Man; y mi frase favorita de Tony Stark, el protagonista, tiene mucho que ver con la razón de ser de esta entrada: It is my property, and you can´t have it.
Yo creo que los empresarios chapines deberían ver Iron Man porque los ayudaría mucho a subir su autoestima y a no intimidarse por el hostigamiento al que son sometidos por los políticos socialistas y sus funcionarios, por sus comparsas como el ICEFI y sus expertos, y por los empresaurios.
El comercio internacional no es más que el comercio entre personas (individuales, o jurídicas), y no no hay diferencia alguna entre dos personas comerciando entre la zona 1 y la zona 2 de la ciudad de Guatemala, o entre el municipio de Guatemala y el de Amatitlán, o entre el departamento de Escuintla y el de Santa Rosa. Tampoco la hay entre dos personas comerciando entre Guatemala y México, o Guatemala y cualquier país del mundo.
La diferencia -aparente- es artificial porque se basa en las fronteras, que son demarcaciones políticas. El comercio entre personas de Guatemala y México está regulado, controlado, prohibido, permitido y gravado, como no lo está el intercambio entre personas de San Marcos y de Petén, porque hay políticos socialistas que así lo disponen. Nada más. Si no fuera porque esos políticos establecen regulaciones y gravámenes sobre el comercio entre personas de diferentes localizaciones políticas, el llamado contrabando no sería nada más, ni nada menos, que comercio o intercambio voluntario y pacífico. Como el que hay entre las personas de El Progreso y Quiché.
El llamado contrabando, pues, no es un delito intrínsecamente inmoral o delicta mala in se, como se dice en la doctrina del Derecho. Es un delito sólo porque está prohibido por la ley positiva o delicta mala quia prohibita. El asesinato y el robo son delitos intrínsecamente inmorales porque violan derechos ajenos como el derecho a la vida y el derecho de propiedad; pero eso no ocurre con el contrabando qua intercambio.
El delito de contrabando existe, de forma artificial porque los políticos han dispuesto que las personas no pueden intercambiar bienes, a través de las fronteras, sin entregarle una porción de sus expectativas de ganancias a aquellos que controlan las fronteras. De hecho, el delito de contrabando tiene su origen en el despojo y en la expoliación que los que controlan las fronteras ejercen contra la propiedad de quienes intercambian pacífica y voluntariamente a través de ellas. Y encima los políticos disponen que, si las víctimas de la expoliación tratan de evitar ser despojados, incurren en delito.
Este es un caso típico en el que la legislación, en vez de proteger la vida, la propiedad y la libertad de las personas sirve para violar aquellos derechos y para convertir a los ciudadanos en súbditos. Por eso es que los aranceles son inmorales. Y, en contraste, el intercambio pacífico y voluntario, es un estándar de moralidad.
